El coche del ex-Presidente de la Xunta de Galicia,  Touriño, – un Audi A8 blindado – ha dado mucho juego a Núñez Feijoo -el nuevo Presidente- durante la última campaña electoral gallega. Fue duramente atacado por despilfarrador a cuenta del precio del auto. Feijóo se comprometió a sustituirlo por un Citroën “fabricado en Vigo”, aunque el modelo escogido por él, un C6 –un coche como el de Sarkozy- es un vehículo fabricado en Francia, no en Vigo. Ahora resulta que Manuel Fraga compró dos Audi A8 blindados en los años 2001 y 2002. Núñez Feijóo dispuso de un Audi A8 oficial durante 2003 y 2004, mientras fue vicepresidente y conselleiro de la Xunta. Su coche era uno de los 32 adquiridos por el PP en esa época.

Pero lo mejor es que el C6 va a sustituir al coche que venía disfrutando, “gratis total” : un C6 cedido por Citroën que el líder de la derecha gallega usa desde hace tres años. Núñez Feijóo era el único portavoz que usaba un coche con “todos los gastos de mantenimiento”, desde el seguro a la gasolina o el chófer. Él era el único líder parlamentario que disponía de un vehículo “prestado” por la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo. Los líderes de PSOE y BNG en la Cámara sólo tuvieron opción de compra de un vehículo –ya me parece raro ésto, ¡pero lo otro!-.

Pero parece que, aunque no para Portavoces Parlamentarios, la práctica está extendida: en la Diputación, de Pontevedra, Citroën cede tres C5: para el presidente del órgano, Rafael Louzán (PP), y “para los cinco vicepresidentes o algún jefe de servicio”. Al cabo de “15.000 ó 20.000 kilómetros”, el coche se devuelve a la fábrica, que lo pone a la venta. La Diputación corre con los gastos. Dicen: “Se nos da como institución, no a la persona. Y no hay contraprestación”. ¿Seguro?

También tiene uno el alcalde de Vigo del PSOE. ¿Es esa la causa de que no haya contra atacado Toriño al ataque de Feijoo? Dicen fuentes próximas al alcalde de Vigo, Abel Caballero (ex Ministro de Transportes del PSOE): “Desde hace años se llegó a un convenio con Citroën: la fábrica cedía al alcalde un coche (hoy, un C6) que renueva cada ocho meses y luego se vende. Lo hace porque es el máximo dignatario de la ciudad, para promocionar la marca. Todos los demás coches del consistorio son Citroën, comprados o de alquiler”.

¡Manda huevos! Lo de Citroën lo entiendo, no soy idiota, lo que no entiendo es lo del alcalde ni lo de Núñez Feijoo ni lo de la Diputación. ¡No entiendo nada! ¡Qué me lo expliquen! ¿Por qué no compran los coches? ¿A cambio de qué los usan?

¡Vaya ejemplo de ética! ¿No es esto un delito? ¿Estamos todos locos?

Una excelente noticia. Los golfos serán más perseguidos en España.

Si observáis los datos de desarrollo social y económico de los países, la correlación entre la transparencia y la ética, y el éxito económico y la cohesión social es plena. El desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que tengan unas reglas de juego claras y transparentes y que haya un poder coercitivo que obligue a cumplirlas. Depende de eso mucho más que de la disponibilidad que tengan de primeras materias clave u otras circunstancias.

Según informa Julio Lázaro hoy en EL PAÍS, hoy el Consejo de Ministros, analizará, a propuestas del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, una gran reforma del Código Penal que, entre otras novedades, introduce un nuevo delito: el de corrupción entre particulares, que responde a los compromisos internacionales asumidos por España al respecto, según una decisión marco europea de 2003, que entiende que la corrupción de directivos o empleados de una empresa para que perjudiquen a su propia empresa o a una tercera excede de la competencia desleal y provoca un conflicto que rompe las reglas del buen funcionamiento del mercado.

Aquellos directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos podrán ser penalizados con seis meses a cuatro años de cárcel. Hasta ahora sólo se castigaba el cohecho en el sector público. Además se impondrán multas de hasta el triple del valor de lo obtenido y se inhabilitará para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años. Quienes ofrezcan o entreguen a directivos y empleados de empresas o asociaciones “beneficios o ventajas injustificados para favorecer al que lo otorga o a un tercero, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios” y los directivos o empleados de una sociedad mercantil o privada que, por sí o por persona interpuesta, “solicite o reciba un beneficio para favorecer a quien lo otorga, o a un tercero” serán penalizados.