Una excelente noticia. Los golfos serán más perseguidos en España.

Si observáis los datos de desarrollo social y económico de los países, la correlación entre la transparencia y la ética, y el éxito económico y la cohesión social es plena. El desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que tengan unas reglas de juego claras y transparentes y que haya un poder coercitivo que obligue a cumplirlas. Depende de eso mucho más que de la disponibilidad que tengan de primeras materias clave u otras circunstancias.

Según informa Julio Lázaro hoy en EL PAÍS, hoy el Consejo de Ministros, analizará, a propuestas del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, una gran reforma del Código Penal que, entre otras novedades, introduce un nuevo delito: el de corrupción entre particulares, que responde a los compromisos internacionales asumidos por España al respecto, según una decisión marco europea de 2003, que entiende que la corrupción de directivos o empleados de una empresa para que perjudiquen a su propia empresa o a una tercera excede de la competencia desleal y provoca un conflicto que rompe las reglas del buen funcionamiento del mercado.

Aquellos directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos podrán ser penalizados con seis meses a cuatro años de cárcel. Hasta ahora sólo se castigaba el cohecho en el sector público. Además se impondrán multas de hasta el triple del valor de lo obtenido y se inhabilitará para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años. Quienes ofrezcan o entreguen a directivos y empleados de empresas o asociaciones “beneficios o ventajas injustificados para favorecer al que lo otorga o a un tercero, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios” y los directivos o empleados de una sociedad mercantil o privada que, por sí o por persona interpuesta, “solicite o reciba un beneficio para favorecer a quien lo otorga, o a un tercero” serán penalizados.